15 años después de los recortes, Madrid sigue sin invertir en educación pública

El debate sobre las pensiones ha vuelto al primer plano tras las declaraciones de Vox y el PP. Figueredo propuso un modelo mixto con reparto y capitalización, mientras Abascal negó cualquier intención de privatizarlas. Feijóo ha insistido en la necesidad de esfuerzo y sacrificio, aunque el partido afirma defender el sistema público y su revalorización. Las encuestas muestran menor apoyo de Vox entre los mayores, lo que explica los intentos de matizar el mensaje.

Un analista político distingue entre la crispación que generan las direcciones de los partidos y la polarización que experimenta la ciudadanía. Según sus datos, el rechazo entre las élites ha alcanzado cotas muy altas y ha traspasado ciertas líneas rojas en el discurso público. Sin embargo, la hostilidad entre los ciudadanos se ha estabilizado desde 2021 y ya no sigue creciendo. España se encuentra por encima de la media europea pero no es el país más polarizado del mundo. Entre un 20 y un 30 por ciento del electorado muestra resistencia a los mecanismos de polarización impulsados desde las élites políticas.

Claudia Saralegui, profesora de Biología y Geología en el Instituto Calderón de la Barca de Carabanchel, ha participado hoy en la huelga de educación convocada en la Comunidad de Madrid. La docente explica que las protestas responden a recortes aplicados hace más de quince años que han derivado en aulas con hasta cuarenta alumnos. Según Saralegui, el exceso de horas lectivas impide preparar las clases con calidad y atender las reuniones de coordinación y con familias. Además, señala que las infraestructuras presentan deficiencias notables. La huelga afecta por primera vez de forma simultánea a la educación infantil, primaria, secundaria y universitaria. La profesora destaca que, pese a la vocación del profesorado, resulta imposible impartir todo el temario y acompañar adecuadamente al alumnado en una etapa crítica como la adolescencia.

La familia de Inés ha iniciado acciones legales contra Meta y su subcontrata Telus tras la muerte de la joven, que trabajaba como moderadora de contenidos. Según el testimonio recogido, Inés apenas recibió formación sobre los riesgos psicológicos del puesto y, tras comunicar su intento de suicidio en 2023, la empresa optó por apartarla en lugar de reforzar las medidas de protección. Los allegados denuncian que las compañías incumplieron la obligación legal de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, especialmente cuando el perfil de la plantilla era mayoritariamente extranjero y con escasas alternativas laborales. La demanda busca justicia por una muerte que, según la familia, pudo evitarse con un cambio de destino o apoyo psicológico adecuado.