La crispación de las élites políticas alcanza máximos pero la polarización ciudadana se estanca desde 2021

El debate sobre las pensiones ha vuelto al primer plano tras las declaraciones de Vox y el PP. Figueredo propuso un modelo mixto con reparto y capitalización, mientras Abascal negó cualquier intención de privatizarlas. Feijóo ha insistido en la necesidad de esfuerzo y sacrificio, aunque el partido afirma defender el sistema público y su revalorización. Las encuestas muestran menor apoyo de Vox entre los mayores, lo que explica los intentos de matizar el mensaje.

Claudia Saralegui, profesora de Biología y Geología en el Instituto Calderón de la Barca de Carabanchel, ha participado hoy en la huelga de educación convocada en la Comunidad de Madrid. La docente explica que las protestas responden a recortes aplicados hace más de quince años que han derivado en aulas con hasta cuarenta alumnos. Según Saralegui, el exceso de horas lectivas impide preparar las clases con calidad y atender las reuniones de coordinación y con familias. Además, señala que las infraestructuras presentan deficiencias notables. La huelga afecta por primera vez de forma simultánea a la educación infantil, primaria, secundaria y universitaria. La profesora destaca que, pese a la vocación del profesorado, resulta imposible impartir todo el temario y acompañar adecuadamente al alumnado en una etapa crítica como la adolescencia.

La familia de Inés ha iniciado acciones legales contra Meta y su subcontrata Telus tras la muerte de la joven, que trabajaba como moderadora de contenidos. Según el testimonio recogido, Inés apenas recibió formación sobre los riesgos psicológicos del puesto y, tras comunicar su intento de suicidio en 2023, la empresa optó por apartarla en lugar de reforzar las medidas de protección. Los allegados denuncian que las compañías incumplieron la obligación legal de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, especialmente cuando el perfil de la plantilla era mayoritariamente extranjero y con escasas alternativas laborales. La demanda busca justicia por una muerte que, según la familia, pudo evitarse con un cambio de destino o apoyo psicológico adecuado.

Un representante político de Ceuta ha alertado sobre una profunda quiebra social en la ciudad tras un episodio de violencia que considera desmedida. Según sus declaraciones, los hechos no son aislados y han derivado en agresiones contra vecinos musulmanes durante manifestaciones, tanto verbales como físicas. El político vincula esta situación al discurso mantenido por el gobierno local desde el inicio de la crisis, que habría permitido que un racismo previamente latente se exprese ahora sin reparos. Como consecuencia, se cuestiona de forma continua la españolidad de los ciudadanos musulmanes de Ceuta, especialmente por su participación o ausencia en ciertas movilizaciones.