Shakira y Antonela: el poder de las esposas de futbolistas como influencers

El debate se centra en la resistencia de los tribunales españoles a aplicar una ley aprobada por mayoría parlamentaria hace dos años. La norma establecía de forma clara que las medidas cautelares debían levantarse desde su entrada en vigor, pero el Supremo mantuvo su negativa con firmeza. Ahora Europa corrige esa interpretación y obliga a ejecutar la ley tal como fue votada. El proceso judicial sigue abierto y las resoluciones del Constitucional determinarán cómo se adapta finalmente la aplicación de la norma.

Una madrileña reflexiona sobre la diferencia de ritmos entre la vida urbana y la de los pueblos. En estos últimos, afirma, el tiempo recupera elasticidad y acciones cotidianas como dar un paseo se convierten en planes completos. La hablante lamenta que en Madrid los espacios públicos estén pensados principalmente para el consumo. Señala que en la Gran Vía resulta imposible detenerse a hablar con alguien sin que implique comprar algo. En cambio, en los pueblos los adoquines permiten simplemente sentarse en un banco, conversar o guardar silencio sin presión comercial. Considera que esta libertad es especialmente valiosa y difícil de encontrar en las ciudades gentrificadas.

Una narradora comparte un recuerdo de su infancia en el que, a diferencia de otras niñas, declaraba que quería ser abuela como profesión. Atribuye este deseo a la influencia de su familia, donde las mujeres han transmitido refranes y dichos populares de generación en generación. Destaca especialmente una frase de su abuela: 'mujer refranera, mujer puñetera', que considera aplicable a las integrantes de su linaje. El relato subraya la herencia oral y el peso de las tradiciones familiares en la forma de expresarse.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado en lo esencial la ley de amnistía aprobada en España. Según fuentes del Tribunal Supremo, el fallo cierra dos de los tres aspectos que se consideraban recurribles ante Europa. El equipo jurídico de Carles Puigdemont ha decidido no solicitar al Supremo que levante la orden nacional de detención que pesa sobre el expresident. Consideran que la responsabilidad de aplicar la ley corresponde ahora al Tribunal Constitucional. La clave de la situación de Puigdemont y Oriol Junqueras radica en cómo interprete el Constitucional el delito de malversación. Esa resolución se espera después del verano y determinará los siguientes pasos del Supremo.